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El INRA advierte con proceso penal tras anuncios de bloqueos en la Chiquitania

La tensión por el tema tierra no hace más que crecer. El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, cuestionó la marcha realizada el jueves por cívicos y plataformas ciudadanas por el conflicto por el tema tierra en Santa Cruz, el cierra del caso fraude, la detención de exautoridades del gobierno de transitorio y activistas.

 Además, anunció procesos penales contra las personas que perjudiquen el trabajo de la institución esto a raíz del paro y bloqueo de 48 horas anunciados por los cívicos cruceños desde este lunes 9 de agosto en la Chiquitania.

Rojas dijo que la concentración en la plaza 24 de septiembre no fue motivada por el tema tierra y que el 95% de los concentrados no tiene ningún problema de tierra en la Chiquitania.

Esta concentración determinó un paro de 48 horas en defensa de la tierra, después que el INRA se reusará a participar en la Comisión Agraria Departamental (CAD) que fue convocada por la Gobernación de Santa Cruz para solucionar los temas por la tenencia de predios, en especial, en la zona de la Chiquitania.

Desde hace meses, se han registrados varios conflictos entre indígenas y el sector intercultural por la propiedad de predios.

“Entre los temas referidos, estuvieron fraude, genocidio cultural, defensa de la democracia y sobre todo persecución política, por lo que nos queda claro, que se está usando el tema tierra buscando impunidad a través de las manifestaciones y medidas de presión”, dijo Rojas.

El funcionario sostuvo que, en los próximos días, el INRA tiene programados trabajos de campo en la Chiquitania, los cuales encabezará personalmente. Detalló que el trabajo tiene que ver con inspecciones de predios y entrega de resoluciones al sector indígena.

Esperamos no encontrar obstaculizado nuestro paso, ni afectado nuestro trabajo a causa del bloqueo anunciado por los cívicos y el gobernador, de ser así, nos veremos obligados a denunciar en la vía penal a quienes estén participando de los mismos y a quienes estén instigándolos”.

Por último, dijo que hay“incongruencias y contradicciones en el accionar de los cívicos y el gobernador, quienes por un lado piden respeto a la Constitución Política del Estado y por otro lado, llaman a la desobediencia civil”.

Estas son expresiones públicas de sedición, más aún si los promotores y ejecutores, son funcionarios públicos”.

Fuente: EL DEBER

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